Que el 24 de marzo conmemoraremos en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Y considerando: Que esa fecha marcó el inicio de la dictadura cívico militar de 1976 en Argentina, en la que se implementó una política de genocidio ejecutada desde los aparatos del Estado, en articulación con el Plan Cóndor que promovió este accionar en los países de la región;
Que esta conmemoración está ampliamente emparentada con los emblemas de la resistencia de los organismos de derechos humanos: las madres, las abuelas, los/as hijos/as, los/as ex presos/as políticos/as, los/as familiares. El 24 de marzo de cada año se fue transformando en un acontecimiento en el que convergen las diversas banderas de las organizaciones sociales, políticas culturales, económicas que luchan, sostienen y construyen propuestas de ampliaciones de derechos;
Que en esta fecha nos convocamos para reivindicar la lucha por un país más justo, libre y soberano, y para repudiar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, que produjo al menos, 30.000 detenidos/as desaparecidos/as por razones políticas, 400 por razones de género, miles de asesinatos, más de 15000 prisioneros/as, el robo de aproximadamente 500 bebes, 660 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, censura informativa y cultural, el exilio o insilio obligado para 1.000.000 de personas, según los relevamientos y estudios disponibles:
Los/as universitarios/as son un porcentaje importante en esas cuantificaciones de víctimas y despojos, seguimos tratando de armar el rompecabezas de nombres y personas que nos faltan. El exilio o el insilio produjeron un enorme vaciamiento en el campo del conocimiento, y a esos derroteros hay que sumarle los/as docentes y nodocentes e investigadores cesanteados/as, una marca que podemos rastrear al revisar el deterioro sobre la prestigiada calidad académica de nuestras casas de estudio, los cierres de carreras, las expulsiones de estudiantes, el saqueo de bienes, las intervenciones en los gobiernos de nuestras instituciones, etc.;
Sin embargo, como dice Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, publicada el 24 de marzo de 1977: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”. La política económica de la dictadura militar transformó radicalmente la estructura económica y social del país, al instalarse, entre otras cosas, un nuevo régimen de acumulación de capital, asentado en la actividad financiera y el desplazamiento y achicamiento definitivo de la producción industrial como eje de la economía nacional. A 48 años de lo escrito por Walsh, nuestro país se encuentra en una gravísima situación económica y social, con índices de pobreza escandalosos, y profunda afectación de las condiciones de existencia para las personas y comunidades más vulnerables de nuestra sociedad. Este 24 de marzo también nos desafía en la edificación de una patria cimentada en políticas públicas que promuevan una vida digna para todos/as;
Que en el 2002, durante la presidencia Eduardo Duhalde, se estableció por ley la conmemoración oficial del 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y en 2006, durante el mandato de Néstor Kirchner se aprobó la condición de feriado. El modo de nominarla y de establecer un tiempo específico para su conmemoración, nos propone también un modo de pensarla;
La Memoria indica siempre una interpelación del aquí y ahora que no se agota en ese momento, que se pregunta por el devenir, es un movimiento hacia adelante que no se tira de bruces a un abismo de incógnitas, sino que apela a recuperar la experiencia del pasado. La memoria es un proceso colectivo en permanente transformación, que se construye en consonancia con las tensiones sociopolíticas de la comunidad. Construir y/o resguardar procesos de memorias pone en tensión más que la temporalidad, la sustentabilidad de los proyectos. El trabajo sobre las memorias de la historia reciente vinculadas al terrorismo de estado, es, desde el inicio de la democracia, un espacio de disputa sobre la legitimidad y la factibilidad de un proyecto comunitario más solidario y distributivo para nuestro país;
La Verdad propone una indagación activa y comprometida de la correspondencia entre lo real y el sentido que se le asigna en el mundo, tiene intima vinculación con el conocimiento como producción colectiva al servicio de las sociedades, e implica una valoración ética respecto de las consecuencias de ocultar o develar aquello que es de interés público, usadas –en general- la primera, como estrategia de dominación, mientras que las acciones que buscan develar suelen proyectarse en transformaciones liberadoras de las comunidades. Como dice el pedagogo Peter McLaren, no es que la verdad en sí misma tenga un poder liberador, pero sí el comprender que la verdad constituye efectos de compromisos narrativos con el mundo, cuestión necesaria de atender en el sistema educativo;
La Justicia es una consigna que se renueva ante cada derecho, sea por su reclamo o su consolidación. Es garantía del funcionamiento democrático en prácticamente todas las dimensiones de la gestión de los bienes públicos, materiales y simbólicos. La justicia no es un decálogo que alguien pueda apropiarse. Como la memoria y la verdad, son cuestiones públicas y de construcción colectiva. Los asuntos que son justos –y no lo son por su naturaleza sino por convenio entre las personas- no son iguales en todas partes, ni en todos los tiempos. Si hay una marca en el devenir de las luchas vinculadas a los organismos de derechos humanos de nuestro país y el ejemplo reconocido a nivel mundial, es la larga marcha - de más de 48 años-, reclamando justicia para los crímenes de lesa humanidad y sus solidarios modos de emparentarse con las demandas ante diversas violencias institucionales. Hoy nuevamente el reclamo está centrado en los modos de administrar justicia. Frente a los crecientes discursos y acciones de odio como estandarte político, de clase, raza, género, económicos, culturales y sociales, se torna indispensable ratificar la consigna del “Nunca Más”. Un nunca más que nuestro país instituyó como mandato fundante de la democracia, un legado político, que deben tomar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial como brújula de sus proyectos y acciones;
Que en este 24 de marzo convocamos especialmente a encontrarnos con el recuerdo agradecido de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, el ejemplo de su vida y su lucha será siempre una guía de las actitudes y los valores que la UNC debe sostener y alentar como Universidad Pública, honrando su legado.
Por todo esto; el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba Ad Referéndum del Honorable Consejo Superior resuelve
Artículo 1°.- Adherir a la convocatoria de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, con la consigna “La Patria no se vende, en la calle se defiende. i30.000 presentes!”, que concentrará a las 17:00, en Colón y Cañada, desde donde partirá la marcha histórica por la memoria, verdad y justicia.
Artículo 2°.- Comuníquese y dése amplia difusión.
Este domingo se cumplen 48 años desde aquel 24 de marzo de 1976, momento en el que las FF.AA, apoyadas por civiles, ejecutaron un golpe de Estado que dio inicio a un gobierno de dictadura militar autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" que permaneció hasta el 10 de diciembre de 1983.
Este período, signado por la violencia, el terror y la vulneración de derechos, marcó la historia Argentina. Motivo por el cual esta fecha se torna una conmemoración con gran carga simbólica que nos interpela como sociedad y nos invita a conocer, reflexionar, analizar y a reforzar un pedido de justicia que sigue vigente. Así como también poner en valor la democracia como un sistema fundamental que nos permite el ejercicio de la libertad y con un pedido insistente: Nunca Más. Un nunca más que nuestro país instituyó como mandato fundante de la democracia, un legado político, que deben tomar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial como brújula de sus proyectos y acciones.
La Universidad Nacional de Córdoba, como parte integral de la comunidad académica y ciudadana, no escapó de las terribles consecuencias del terrorismo de Estado. Sus docentes, no docentes y estudiantes sufrieron cesantías, suspensiones e incluso desapariciones forzadas, lo que perturbó gravemente el funcionamiento normal y obstaculizó su misión de educar, investigar y vincularse con la sociedad.
La memoria colectiva de las opresiones sufridas y los esfuerzos por restaurar la vigencia de los derechos humanos y la vida democrática forman parte de nuestro patrimonio histórico como pueblo.
A su vez queremos expresar nuestro repudio y preocupación por el hecho denunciado por la agrupación H.I.J.O.S. Es imperioso defender los ideales de un país plural, en el que las diferencias ideológicas sean respetadas y en el que la violencia nunca sea la solución. Rechazamos el olvido de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los discursos negacionistas fomentados desde distintos sectores de la política, reafirmando nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad.
