El 29 de julio de 1966, por orden del entonces gobierno de facto del General Juan Carlos Onganía, se decidió intervenir las universidades y reprimir a estudiantes y profesores, sobre todo en la de Ciencias Exactas y Naturales; y la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El dictador envió a la policía a destruir laboratorios, bibliotecas y materiales valiosos de estudio. Además del saldo de heridos por los violentos palazos, hubo 400 detenidos entre autoridades universitarias, docentes, alumnos y graduados. Muchos de ellos fueron golpeados con bastones; mientras los hacían circular en una doble fila compuesta por soldados. El nombre de este triste hecho se refiere a los bastones largos que la Policía Federal utilizó para reprimir.
Onganía había decretado no solo la intervención de las universidades nacionales, sino también la "depuración" académica. Es decir, expulsar a cualquier tipo de oposición que realizara alguna actividad dentro de aquellos establecimientos educativos. El objetivo era poner fin a la autonomía universitaria y que las universidades pasarán a depender del Ministerio del Interior, en cuya órbita estaban las fuerzas de seguridad.
Tras lo sucedido aquel 29 de julio, cientos de los mejores docentes y autoridades de las Universidades Argentinas fueron echados o presentaron la renuncia debido a la persecución de la dictadura. Alrededor de 700 profesionales se fueron a vivir al exterior para continuar sus carreras en universidades y trabajos de renombre. Como consecuencia, esto provocó un estancamiento del proyecto de desarrollo de la educación, la ciencia y la investigación en la Argentina. Incluso, es considerada la mayor "fuga de cerebros" en la historia del país.